lunes, 13 de octubre de 2008

Kissinger, innoble para el Nobel

Por Juan Gabriel Tokatlian



La desclasificación de documentos oficiales sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina en el período 1975-1984 realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos entre 2002 y 2004 revela lo que varios académicos, observadores y periodistas argentinos y estadounidenses señalaron por lustros: que en un contexto histórico determinado, mediante señales esquivas y de modo turbio, altos funcionarios del gobierno del presidente Gerald Ford alentaron al gobierno del general Jorge Videla a implementar políticas represivas –torturas, ejecuciones y desapariciones– contra la “subversión”.


No se trató sólo de tolerar, en un momento específico, a nivel de la cúpula decisoria en Washington, la violación sistemática de los derechos humanos en la Argentina. La clave fue el apoyo al gobierno militar para que actuara con diligencia y destreza en materia de lucha “antiterrorista”. También la obstrucción de los esfuerzos de los propios representantes de Estados Unidos en Buenos Aires –por ejemplo, los del embajador Robert C. Hill– que se quejaban de la brutalidad del régimen de facto. El mensaje era claro: maten y desaparezcan a los que deban pero de manera rápida.


Las distintas expresiones en privado del vicepresidente, Nelson Rockefeller, y del secretario de Estado, Henry Kissinger, hacia el Ejecutivo argentino fueron leídas y asimiladas como un gesto de condescendencia hacia la estrategia de mano dura de Buenos Aires. Una parte influyente de Washington daba luz verde a los militares argentinos, quienes interpretaban los dichos de Rockefeller y Kissinger como una carta blanca para proceder en su política de exterminio. Las detalladas investigaciones sobre el tema efectuadas por Kathryn Sikkink, de la Universidad de Minnesota, mostraron cómo, durante esa fase de vía libre para la represión –junio 1976/enero 1977–, el número de muertos y desaparecidos alcanzó cifras aterradoras.


Ahora que es pública esta información, es importante que el Comité Noruego de la Paz le retire el Premio Nobel a Henry Kissinger que le otorgara en 1973. Kissinger recibió ese galardón (el vietnamita Le Duc Tho compartió esa distinción pero no lo aceptó) en razón de las negociaciones de paz en Vietnam.


Cuando se le concedió el Nobel el 16 de octubre de 1973 era poco lo que se sabía, con certeza, sobre su rol en la caída del gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Pero ahora sabemos –gracias a que se han levantado las reservas sobre documentos oficiales de EE.UU. en relación con Chile y la Argentina– que, como consejero de Seguridad Nacional, aprobó las acciones tendientes al golpe de Estado en Chile y que, como secretario de Estado, sostuvo y avaló una política expeditiva de asesinatos y desapariciones que condujeron al terrorismo de Estado en Argentina.


Es inaceptable que alguien que recibió el Premio Nobel de la Paz haya auspiciado explícita y personalmente las peores violaciones a los derechos humanos. Por el contenido simbólico de este galardón, quien habiéndolo obtenido haya estimulado y respaldado acciones de tanta inhumanidad debería, al menos simbólicamente, perderlo.


Despojar a Kissinger del Nobel demanda un conjunto de acciones. Entre otras, por ejemplo, un grupo de personalidades (dentro y fuera de Argentina) y ONG (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y varias más) podrían pedir una modificación de los estatutos del Comité Noruego del Nobel, para que se incorpore una norma permitiendo el retiro del premio a la persona o institución que, habiendo sido galardonada, promueva actos contrarios al espíritu de ese homenaje.


Adicionalmente, se puede solicitar al Storting (Parlamento) noruego –encargado de designar al Comité de los Cinco que concede la distinción del Nobel– que escuche los petitorios o denuncias correspondientes en torno a la conducta de Kissinger en el Cono Sur. Asimismo, es posible actuar en conjunto con individuos e instituciones de Estados Unidos para que se conozcan con detalle las atrocidades ocurridas en Argentina y Chile durante los años setenta; muchas de ellas cohonestadas por Kissinger. Además, es factible fortalecer la campaña, ya existente, para reducir su capacidad de movimiento: hoy no visita muchos países por temor a ser detenido y, eventualmente, juzgado por crímenes contra la humanidad.


Se podrá decir que despojar a Kissinger del Premio Nobel de la Paz podría abrir una caja de Pandora que lleve a considerar otros casos. Es muy posible que eso ocurra y será sano para la humanidad en su conjunto. Si alguien resulta innoble para la paz, que se sepa y se actúe en consecuencia, así la sanción sólo pueda ser moral y simbólica

sábado, 11 de octubre de 2008

Espacios públicos... ¿ negocios privados ?

Y el resultado de nuestra consulta acerca de las ticketeadoras fue...
El 95% de los comerciantes nos manifestaron estar en desacuerdo
... porque sería perjudicial para sus actividades.


Algunos de ellos nos argumentaron sus experiencias negativas cuando fue implementado en San Isidro y otros el total rechazo que tuvo en San Fernando, que provocó que el Municipio debiera retrotraer la medida.
Hace un mes cuando salimos con el volante anterior, nos manifestaron asimismo, la preocupación por el constante decaimiento en sus ventas desde enero, como consecuencia del receso general que estamos viviendo en nuestra economía. Dicha preocupación es absolutamente entendible ya que hoy, con una crisis mundial en la economía, más nuestra situación económica con índices que reflejarían nuestras debilidades (*), y vislumbrándose una caída de empleos, nos vemos envueltos en una situación de fragilidad. Además, se están construyendo 5 centros comerciales en las cercanías, lo que haría más difícil la situación de los comercios minoristas, que verían la fuga de muchas de sus ventas, situación que se agravaría con la implementación del sistema de estacionamiento medido.

El proyecto de estacionamiento medido aún se encuentra en el Honorable Concejo Deliberante a la espera de su votación, a pesar de contar con mayoría propia. Ante el rechazo de muchos vecinos esto se postergó hasta un momento más apropiado. Tenemos que tener en cuenta el antecedente de la bochornosa votación de la madrugada del 24 de diciembre del 2004 por la modificación del COU (Código de Ordenamiento Urbano), que se podría repetir en esta oportunidad.

Si bien el Municipio es la primera institución política que debiera estar en contacto directo con las necesidades de los habitantes, evidentemente no está teniendo en cuenta la situación de los vecinos y comerciantes descripta anteriormente. En pos de fortalecer la democracia, invitamos a manifestarse al respecto. Para ello pensamos en alguna forma efectiva y que no moleste al resto de los habitantes: Proponemos hacer llegar su posición a los distintos medios zonales, manifestando SI o NO al estacionamiento medido, creyendo que esto sería un invalorable aporte a nuestra democracia.

(*) Las importaciones han trepado a los 16.000 millones de dólares en lo que va del año, en bienes que en un 65% se podrían producir en el país; el informe del Foro Económico Mundial indica una disminución de competitividad de nuestra industria, y el aumento de la deuda externa se ha incrementado en 25.000 millones de dólares en los últimos 3 años.

Direcciones de correo electrónico de los medios:
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¿ El Parquímetro, te cuida el auto ?

El Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Vicente López ha enviado al Concejo Deliberante un proyecto de Estacionamiento Medido a través del uso de ticketeadoras, en el cual indica que el objetivo sería "ordenar el estacionamiento, por consiguiente la fluidez del tránsito vial, aumentar la cantidad de plazas de estacionamiento, paliar las diferencias del trazado vial urbano y mejorar las condiciones de seguridad para transeúntes, conductores y usuarios del servicio público de pasajeros en el partido de Vicente López". En dicho proyecto se recomienda la aplicación del sistema especialmente en zonas comerciales y adyacencias, indicando que en esos casos se torna en "una necesidad para el funcionamiento de los comercios, tanto en el aspecto de su abastecimiento como en el de los consumidores".
Se estima que la cantidad de espacios de estacionamiento alcanzaría los 5.200, y el costo por cada uno de ellos estaría fijado en $2 por hora. También se prevee el bloqueo de vehículos excedidos en el tiempo o mal estacionados y el uso de un servicio de grúas para la remoción de los mismos que tendría poder de policía en una zona más amplia que la correspondiente a la que poseería las máquinas ticketeadoras.

Plano del proyecto:

Nosotros quisimos reflexionar sobre estos y otros aspectos de esta medida:
- Mejora o empeora la circulación vehicular ?
- Los beneficios mayores son para los vecinos o para quiénes reciben las utilidades ?
- Qué opinan los comerciantes acerca de esta medida ?
- Colabora en el cuidado del vehículo estacionado ?
- Si fuera realmente necesario un estacionamiento medido, no sería más beneficioso para la comunidad realizarlo con la inclusión de muchas personas a las que se les posibilitaría su ingreso al trabajo, en lugar de ticketeadoras? Dicha incorporación al mundo laboral, fue lo que nos incentivó al proyecto que presentamos en en Setiembre del 2002, desde la ONG El Faro de Munro, en el que proponíamos darle trabajo a más de 600 personas.

Con todas estas dudas y preocupaciones acerca del proyecto, decidimos salir a conversar con los vecinos y con los comerciantes, para conocer su opinión, antes de que se llevara a cabo la votación del proyecto.

Les contaremos los resultados...

12 de Octubre

En esta fecha creemos que es necesario recordar y reflexionar acerca del reclamo de los pueblos originarios de América, tal como lo expone Bernabé Montellano, del Pueblo Kolla, Comunidad San Isidro Iruya provincia de Salta:

“Fundamentalmente queremos dar a conocer a esta gran sociedad de Buenos Aires, la realidad de los pueblos indígenas. Por eso decimos que estamos vivos, que estamos de pie. Queremos que los Derechos Humanos lleguen a las comunidades indígenas de este hermoso país”.

También se alza la voz de los originarios de Tucumán:

“En nuestro territorio están sucediendo injusticias, violaciones a nuestros derechos, en cuanto a la usurpación territorial, a la destrucción de nuestra biodiversidad, a la destrucción de nuestros bosques nativos, a la contaminación de nuestra pacha mama a través de la explotación minera, al mal uso de nuestra poco agua dulce que existe. Nosotros como Pueblo Quilmes, también estamos luchando por nuestro patrimonio cultural y arqueológico”.
“Hoy que se habla tanto del campo, en esta pelea mediática que se está dando, en ningún momento se nombran a los verdaderos dueños de la tierra que somos nosotros, los que estamos en el medio de esa pelea de intereses por la explotación de nuestra tierra. Es por eso que nos hacemos presentes en esta ciudad, porque muchas veces estas cuestiones administrativas y legales se manejan en Buenos Aires”.

Y estos reclamos continúan sin respuesta concreta a pesar del reconocimiento que supuestamente se hizo a través de la Reforma de 1994 de la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17.

Tal como lo afirma el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en su página web (http://www.desarrollosocial.gov.ar/INAI/site/institucional/derechos.asp):

"Derechos de los Pueblos Aborígenes"
El reconocimiento como pueblos dentro del Estado Nacional, con identidad propia y con derechos colectivos que se derivan de su presencia histórica y contemporánea, abre para toda la sociedad el desafío de construír una nueva relación a partir de la revisión de la historia y del derecho a la luz del reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural. Los derechos que reconoce el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional generan hoy en el seno de nuestra sociedad un tiempo de intensa y profunda reflexión político – jurídica, con plena participación de los pueblos indígenas argentinos y sus comunidades.
“Artículo 75. Corresponde al Congreso:
17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”