LA SEGURIDAD CIUDADANA
Entendemos con carácter democrático el concepto de la seguridad, como un bien público del bienestar de la población y la equidad en la distribución de bienes y servicios por parte del Estado.
Para la verdadera construcción de la seguridad es necesaria la participación popular, esta tarea no es fácil en comunidades complejas, heterogéneas, desiguales y habituadas a convivir con incertidumbre y con la pérdida de protección de derechos sociales.
Hay discursos de la sensación de inseguridad que propone el pensamiento conservador, cuyo único objetivo es un mayor control social, a través de mayor poder policial y endurecimiento de las penas, apuntando a la desmovilización social y al empobrecimiento de la calidad en la participación ciudadana. Se utilizan los medios, haciendo uso del aspecto emocional, para causar cortocicuito en el análisis racional y de esta manera abrir la puerta para implantar miedos e ideas, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad.
Cuando hacemos un balance de todo el dinero volcado en programas para reformar las fuerzas policiales y enfrentar el problema de la inseguridad y vemos los resultados, podemos concluir en que algo no está funcionando bien. Tenemos que tener en cuenta que la gente vive en ciudades más grandes pero cada vez más divididas, con sectores marginales en los que hay un caldo de cultivo para la violencia. Ante esta situación podemos hacer dos lecturas: una que atribuye a raíces económicas y señala que la pobreza y la alta desigualdad generan condiciones propicias para el delito y la penetración del narcotráfico, y otra, mucho más simplista y con un mensaje más efectivo, y penetrante, plantea directamente que se trata de una “escoria social” y como tal hay que eliminarla, trazando una línea de separación. Así vemos planes de tolerancia cero y de carácter represivo. Es aterradora esta visión que tiene cierto respaldo social y está más a la mano de algunos políticos.
En Vicente López de acuerdo al contenido de las chicanas políticas de 2 concejales registradas por medios zonales nos muestran lo desvalidos que nos encontramos, ya que el concejal del oficialismo manifiesta de manera conservadora diciendo “Es imperioso que se tomen medidas concretas porque esto no puede esperar más. Para la Provincia la seguridad no es prioridad”.
En respuesta, la concejal que responde al oficialismo provincial, retruca diciendo, que es fácil criticar al gobierno nacional y provincial, y que tendría que explicar, qué pasó con las cámaras de seguridad que el municipio debió colocar hace más de un año.
Es correcto el planteamiento que en Vicente López las fuerzas policiales se redujeron a dos tercios de años anteriores, y justamente ante esta realidad en distritos vecinos implementaron rápidamente el sistema de cámaras, y más móviles municipales. Sin embargo ante esta debilidad, se creó una nueva subcomisaria y tienen previstas dos más.
La seguridad, es mucho más que hablar de delito, es un tema que excede lo policial. Creemos que desde el municipio poco se realizó en la parte social, en una sociedad fragmentada, que no recibe de quienes tienen el poder político mecanismos para la inclusión. Donde, y a modo de ejemplo proclamando viviendas dignas, se les entrega construcciones en las que corrían peligro de derrumbe los balcones (denunciado por la Agrupación Jaime de Nevares). A la fecha siguen reiteradamente prometidas miles de
viviendas para familias algunas censadas desde 1985, mientras la nación y el municipio muestra ostentosamente el gasto de más de 54 millones de pesos en el innecesario vial costero (Iniciativa VL en programas de inclusión, planteamos que con esta suma se podría plasmar la realización de mas de 700 viviendas dignas).
Es importante el pleno funcionamiento de los Foros Vecinales de Seguridad, cuyas funciones principales son: Entender e intervenir en las cuestiones atinentes a la seguridad pública; evaluar el funcionamiento y las actividades de la policía; participar en la evaluación del personal policial; formular sugerencias, propuestas y solicitar informes a la policía de su jurisdicción; intervenir en planes de prevención; propiciar la implementación de programas sociales que contribuyan a afianzar la seguridad ciudadana.
El pleno cumplimiento de la Ley penitenciaria cuyo principio básico es que la ejecución de las penas privativas de libertad tengan por objeto realizar la readaptación social del condenado, debería apuntar a que el trabajo del penitenciario sea utilizado como medio de tratamiento y no como castigo adicional. Y es fundamental la asistencia postpenitenciaria donde el Patronato del Liberado cumple un rol importantísimo, para solventar la crisis del egreso, además de atender por la obtención de un trabajo
Cuando hablamos de inseguridad, también debemos hablar sin hipocresías del “trabajador policial”, que es un ciudadano, a quien le han retaceado arbitrariamente el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales conforme lo establece la Constitución Nacional, y Provincial.
Ya que por una carga horaria de 48 hs. semanales perciben un bajísimo sueldo: alrededor de los $2.000, con un perverso sueldo básico de $ 435,82. Con un ingreso tan bajo, se ve obligado a realizar horas extras, además de adicionales; negándole el descanso necesario y la presencia con la familia, por lo que es imperioso un aumento de sueldo significativo.
La sindicalización de la fuerza con limitaciones, para que los integrantes de la fuerza nos sean la variable de ajuste de la ineficiencia y/o corrupción.
Una mejora en las condiciones laborales no solo mejorará el nivel de vida del trabajador policial, sino que redundará en un mejor desempeño y una mejora en la prestación del servicio, en beneficio de toda la sociedad.
La solución a los hechos de extrema violencia, solo se puede lograr en una democracia que tenga fortalecidas sus instituciones, fruto de la participación popular.
