Por Juan Gabriel Tokatlian La desclasificación de documentos oficiales sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina en el período 1975-1984 realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos entre 2002 y 2004 revela lo que varios académicos, observadores y periodistas argentinos y estadounidenses señalaron por lustros: que en un contexto histórico determinado, mediante señales esquivas y de modo turbio, altos funcionarios del gobierno del presidente Gerald Ford alentaron al gobierno del general Jorge Videla a implementar políticas represivas –torturas, ejecuciones y desapariciones– contra la “subversión”.
No se trató sólo de tolerar, en un momento específico, a nivel de la cúpula decisoria en Washington, la violación sistemática de los derechos humanos en la Argentina. La clave fue el apoyo al gobierno militar para que actuara con diligencia y destreza en materia de lucha “antiterrorista”. También la obstrucción de los esfuerzos de los propios representantes de Estados Unidos en Buenos Aires –por ejemplo, los del embajador Robert C. Hill– que se quejaban de la brutalidad del régimen de facto. El mensaje era claro: maten y desaparezcan a los que deban pero de manera rápida.
Las distintas expresiones en privado del vicepresidente, Nelson Rockefeller, y del secretario de Estado, Henry Kissinger, hacia el Ejecutivo argentino fueron leídas y asimiladas como un gesto de condescendencia hacia la estrategia de mano dura de Buenos Aires. Una parte influyente de Washington daba luz verde a los militares argentinos, quienes interpretaban los dichos de Rockefeller y Kissinger como una carta blanca para proceder en su política de exterminio. Las detalladas investigaciones sobre el tema efectuadas por Kathryn Sikkink, de la Universidad de Minnesota, mostraron cómo, durante esa fase de vía libre para la represión –junio 1976/enero 1977–, el número de muertos y desaparecidos alcanzó cifras aterradoras.
Ahora que es pública esta información, es importante que el Comité Noruego de la Paz le retire el Premio Nobel a Henry Kissinger que le otorgara en 1973. Kissinger recibió ese galardón (el vietnamita Le Duc Tho compartió esa distinción pero no lo aceptó) en razón de las negociaciones de paz en Vietnam.
Cuando se le concedió el Nobel el 16 de octubre de 1973 era poco lo que se sabía, con certeza, sobre su rol en la caída del gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Pero ahora sabemos –gracias a que se han levantado las reservas sobre documentos oficiales de EE.UU. en relación con Chile y la Argentina– que, como consejero de Seguridad Nacional, aprobó las acciones tendientes al golpe de Estado en Chile y que, como secretario de Estado, sostuvo y avaló una política expeditiva de asesinatos y desapariciones que condujeron al terrorismo de Estado en Argentina.
Es inaceptable que alguien que recibió el Premio Nobel de la Paz haya auspiciado explícita y personalmente las peores violaciones a los derechos humanos. Por el contenido simbólico de este galardón, quien habiéndolo obtenido haya estimulado y respaldado acciones de tanta inhumanidad debería, al menos simbólicamente, perderlo.
Despojar a Kissinger del Nobel demanda un conjunto de acciones. Entre otras, por ejemplo, un grupo de personalidades (dentro y fuera de Argentina) y ONG (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y varias más) podrían pedir una modificación de los estatutos del Comité Noruego del Nobel, para que se incorpore una norma permitiendo el retiro del premio a la persona o institución que, habiendo sido galardonada, promueva actos contrarios al espíritu de ese homenaje.
Adicionalmente, se puede solicitar al Storting (Parlamento) noruego –encargado de designar al Comité de los Cinco que concede la distinción del Nobel– que escuche los petitorios o denuncias correspondientes en torno a la conducta de Kissinger en el Cono Sur. Asimismo, es posible actuar en conjunto con individuos e instituciones de Estados Unidos para que se conozcan con detalle las atrocidades ocurridas en Argentina y Chile durante los años setenta; muchas de ellas cohonestadas por Kissinger. Además, es factible fortalecer la campaña, ya existente, para reducir su capacidad de movimiento: hoy no visita muchos países por temor a ser detenido y, eventualmente, juzgado por crímenes contra la humanidad.
Se podrá decir que despojar a Kissinger del Premio Nobel de la Paz podría abrir una caja de Pandora que lleve a considerar otros casos. Es muy posible que eso ocurra y será sano para la humanidad en su conjunto. Si alguien resulta innoble para la paz, que se sepa y se actúe en consecuencia, así la sanción sólo pueda ser moral y simbólica
